La economía circular abarca un conjunto de campos en los que las autoridades locales tienen la posibilidad de actuar, en torno a la prevención y gestión de residuos que son de su competencia.
La ley AGEC de 2020 formalizó los objetivos nacionales. Las medidas se distribuyen en cinco ejes:
- salir del plástico desechable
- informar mejor a los consumidores
- luchar contra el despilfarro y por la reutilización solidaria
- actuar contra la obsolescencia programada
- producir mejor
Las autoridades locales tienen un papel esencial en la implementación de esta política pública, debido a sus competencias, su capacidad de animación local y de acción más cercana a los ciudadanos. Así, se pueden considerar proyectos sobre las siguientes temáticas:
- La sobriedad: adoptar un nuevo modelo económico acompañando acciones destinadas a luchar contra el sobreconsumo, la sobreproducción y el despilfarro.
- La prevención: implementar operaciones destinadas a la reducción en origen de los residuos domésticos y asimilados y que fomenten especialmente la participación ciudadana.
- La optimización del servicio público de prevención y gestión de residuos (SPPGD): optimizar y modernizar el servicio con el objetivo de reducir la cantidad de residuos y mejorar su valorización.
- La valorización material: convertir los residuos domésticos y asimilados en recursos útiles para el territorio.
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